El viernes, los abogados del general Adán Cáceres, la sacerdotisa Rossy Guzmán y su hijo Tanner Flete Guzmán, acusados de corrupción en el caso Coral, manifestaron que carecen de fondos para pagar sus respectivas multas.
La cantidad otorgada por el juez fue sustancial, y el cliente ha tenido todos sus bienes y propiedades incautados; en consecuencia, no es tan simple o directo como puede parecer.
El lunes, la jueza Yanibet Rivas del Juzgado Sexto de Distrito emitió las siguientes órdenes contra Cáceres y el Coronel Nez de Azá: pago de garantía económica de RD$100 millones, arresto domiciliario, red electrónica y prohibición de salida del país.
El tribunal accedió a la solicitud de la defensa y el colegio de abogados también solicitó el arresto domiciliario del sacerdote, el pago de una garantía contractual de $ 50 millones y la prohibición de salir del país. Además, el hijo del sacerdote fue puesto bajo arresto domiciliario, prohibido salir del país y provisto de un brazalete electrónico de vigilancia.
Sin embargo, Héctor López, abogado de la madre y el niño, se sumó a los argumentos de la defensa, afirmando que “el problema es que se ha fijado el pago de una fianza de RD$50 millones, lo que significa que Rossy Guzmán debe pagar 5 millones de pesos por adelantado, pero no tiene los fondos”.
De igual forma, mencionó a Tanner Flete Guzmán, quien manifestó que se encuentra desempleado.
Wilson Camacho, subsecretario de Justicia, afirmó que los acusados están obligados a cumplir con las órdenes judiciales.
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