El viernes, los abogados del general Adán Cáceres, la sacerdotisa Rossy Guzmán y su hijo Tanner Flete Guzmán, acusados de corrupción en el caso Coral, manifestaron que carecen de fondos para pagar sus respectivas multas.

El juez le dio al cliente una gran cantidad de dinero y le quitaron todos sus bienes y propiedades. Debido a esto, no es tan simple o sencillo como puede parecer.

El lunes, la jueza Yanibet Rivas del Juzgado Sexto de Distrito emitió las siguientes órdenes contra Cáceres y el Coronel Nez de Azá: pago de una garantía económica de RD$100 millones; arresto domiciliario; una red electrónica; y prohibición de salida del país.

El tribunal accedió a la solicitud de la defensa y el colegio de abogados también solicitó el arresto domiciliario del sacerdote, el pago de una garantía contractual de $ 50 millones y la prohibición de salir del país. Además, el hijo del sacerdote fue puesto bajo arresto domiciliario, prohibido salir del país y entregado un brazalete electrónico.

Sin embargo, Héctor López, abogado de la madre y el niño, se sumó a los argumentos de la defensa, afirmando que “el problema es que se ha fijado el pago de una fianza de RD$50 millones, lo que significa que Rossy Guzmán debe pagar 5 millones de pesos por adelantado, pero no tiene los fondos”.

De igual forma, mencionó a Tanner Flete Guzmán, quien manifestó que se encuentra desempleado.

Wilson Camacho, quien es el subsecretario de Justicia, dijo que las órdenes judiciales deben ser acatadas por los acusados.

 

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